Pongo aquí el link y el texto de este artículo que me parece muy interesante. Creo que vamos mal y los derechos adquiridos par el colectivo LGTBQI+ van a ir al revés...
Este texto es una entrega de la Queerletter, la newsletter LGTBIQ+ de EL PAÍS, coordinada por Pablo León.
https://plus.elpais.com/newsletters/lnp/1/520
“¿En tu casa hacéis fiestas de esas en las que folláis los maricones y os drogáis?”. Con esta pregunta comenzó una pesadilla policial y judicial para Ernesto, de 39 años. “Fue en 2023. Estábamos de fiesta en casa, celebrando el cumpleaños de mi pareja, con un montón de amigos y decidimos ir al Strong”, cuenta. Cuando estaba en la cola de la icónica discoteca gay madrileña, unos hombres se identificaron como policías y los registraron. “Nos quedamos un poco de piedra. Llevaba un bote de G [GBL], un gramo de mefe [mefedrona] y un par de pastillas. Todo para nuestro consumo propio. De forma brusca, me detuvieron y me llevaron a comisaría”, explica Ernesto, que trabaja en marketing y prefiere no dar su nombre real.
Le acusaron de tráfico de drogas. “Con un bote de 30 mililitros de G me metían en la cárcel. Estimaban un valor de miles de euros en el mercado, cuando ese bote cuesta 30 euros”, explica el hombre. “El GBL no está catalogado como un estupefaciente”, apunta el abogado experto en casos de tráfico de drogas Francisco Azorín Ortega, que ha llevado cuatro casos con analogías al de Ernesto. Además, la Fiscalía del Tribunal Supremo ha incoado diligencias para investigar esta situación.
Organizaciones como Movimiento Marika de Madrid o Proyecto Chueco tienen testimonios de este tipo de actuaciones, que “se han multiplicado desde 2020” y “usan los estupefacientes como excusa para dar amparo a actitudes lgtbifóbicas (principalmente homófobas y tránsfobas)”, denuncian.
A Ernesto le llevaron a la comisaría de Leganitos, en el centro de Madrid. Pasó 48 horas retenido. Se presentaron cargos en su contra y quedó a la espera de juicio. Al año y pico del incidente recibió una notificación: le acusaban de narcotráfico, pedían cuatro años de cárcel. “Me quedo muerto. No te puedes imaginar lo que esa noticia impactó en mi vida: mi salud mental, mi relación con mi pareja, mi familia, mi bienestar. La sensación de que toda tu vida está a punto de desaparecer”.
“Es una persecución indirecta de minorías. Se vulneran principios constitucionales básicos porque se fabrican delitos de tráfico de drogas a partir de cantidades de uso personal”, claman desde Aleph, coalición de organizaciones que trabaja por una reforma de las políticas de drogas. “Utilizan la lucha contra el tráfico de drogas como pretexto para ejercer un control social discriminatorio”, abunda Ovi Leonarte, coordinador de esta organización.
Hablan de redadas en espacios del colectivo (como discotecas, saunas o locales donde se practica sexo); de controles por apariencia; registros humillantes y violentos; del uso de perfiles falsos en redes sociales; de inducción al delito; de manipulación de pruebas; violación de la intimidad digital ―como la revisión de teléfonos móviles―; o de la aplicación de un doble castigo para personas migrantes o seropositivas. También, un interés en sustancias como el G.
Fuentes policiales han negado que se registre a homosexuales por su apariencia (práctica conocida como perfilar), aunque reconocen que desde hace un tiempo, sobre todo después de la pandemia de covid, se les ha pedido prestar atención justamente a sustancias como el G.
El G, una sustancia psicoactiva, pero no un estupefaciente
“Yo tengo amigos heterosexuales que beben, consumen cocaína y pastillas y no les acusan de tráfico”, ironiza Ernesto. Considera que “se aplica un juicio moral a las drogas de maricones”. Con “drogas de maricones”, se refiere al G (GBL), precursor químico en el cuerpo, tras ingerirse, de GHB, conocido también como éxtasis líquido; a la mefedrona, un potente estimulante; a la tina o metanfetamina, otro estimulante que también se puede inyectar para potenciar sus efectos. Aunque no solo, algunas de estas sustancias están vinculadas al chemsex, la práctica de sexo acompañada del consumo de estupefacientes. Algo que Madrid y Barcelona consideran un problema de salud pública desde 2017.
“El G o GBL es una sustancia que no está fiscalizada desde hace casi dos décadas, aunque entre 2002 y 2006 sí estuvo tipificada como tal”, retoma el abogado experto en drogas Azorín. “En 2006, tras una petición de la industria química, se dejó fuera de la fiscalización”, continúa. Entonces, ¿por qué se considera tráfico si no está prohibida? “Con respecto al GHB, y por extensión al GBL que es un precursor químico de este (pero no un precursor considerado por la justicia), ha habido una confusión que ha ido copiándose de sentencia en sentencia”, sostiene el abogado, que está preparando un escrito sobre este asunto para presentar ante el Tribunal Supremo y que aclare el criterio. “El Instituto Nacional de Toxicología confunde a los tribunales, sobre todo en Madrid”, añade.
Ernesto recuerda en su juicio a una representante del Instituto Nacional de Toxicología que explicaba exactamente que el GBL no estaba fiscalizado, pero que se convertía en droga al ingerirlo [en GHB]. “Que una sustancia se convierta en droga al ingerirse no la hace objeto de tráfico de droga, ni siquiera de ser considerada droga”, remarca el abogado Azorín.
Tras recibir la denuncia, la Fiscalía del Supremo ha incoado diligencias para investigarla. El escrito, presentado por uno de los miembros de la organización Aleph, el periodista Pablo García Cortina, de 33 años, explicaba que “la sustancia GBL (gamma-butirolactona) no se encuentra fiscalizada en España desde la entrada en vigor de la Orden SCO/2004/2006; diversos órganos jurisdiccionales continúan aplicando a dicha sustancia el tipo penal contemplado en el art. 368 del Código Penal, como si se tratara de ácido gammahidroxibutírico (GHB), sustancia que sí se encuentra fiscalizada”.
“Podrían verse afectados unos 200 fallos judiciales desde 2020”, resume García Cortina, que lleva un detallado inventario de esas sentencias. Afectaría, al menos, a todas en las que el GBL haya sido considerado clave en la acusación de tráfico de drogas. “La asimilación del GBL al GHB ha sido el único indicio de finalidad de tráfico en algunos casos, distorsionando gravemente la proporcionalidad penal”, apunta el periodista.
“Te vas a jugar todo porque ciertas personas han decidido que estas drogas, que justo son las que usamos los maricas, son un problema muy grave”, se queja Ernesto. Considera que “hay una persecución contra la gente del colectivo en las calles de Madrid”. “Estamos constantemente sufriendo registros aleatorios por estar en la puerta de un determinado local o, simplemente, por vestir de una manera”.
Un “patrón de persecución”
“A mí me paran [la policía] porque parezco maricón”, afirma Fernando Caudevilla, médico de familia, especializado en drogas, residente en el barrio madrileño de Lavapiés. En los últimos 12 meses, la policía le ha dado el alto nueve veces. “Excepto en una ocasión, han sido siempre educados”, remarca. Cree que puede estar relacionado con su estética no normativa: “Tengo el pelo verde”.
En una de esas ocasiones, las autoridades encontraron en la mochila de Caudevilla “una pequeña cantidad de polvo”. Hace unas semanas le llegó el análisis de esa sustancia: 60 miligramos de metanfetamina (0,06 gramos). “Es poquísimo, como una lenteja”, dice. Según los baremos jurídicos sobre consumo de droga, una persona puede llevar encima hasta 7,5 gramos de cocaína, considerado autoconsumo de cinco días. Esa cantidad supera en más de cien veces a lo que le incautaron a Caudevilla. También multiplica por mucho lo que llevaba Ernesto. Y hay una diferencia notable entre la acusación por tenencia de drogas y por tráfico, un delito más grave y sujeto a mayores penas.
Desde que el médico Caudevilla habla abiertamente de su caso, le han llegado “historias similares” a la suya. EL PAÍS ha entrevistado a otros cinco hombres que se han enfrentado situaciones como las relatadas.
El colectivo Aleph habla “de un patrón sistemático de persecución policial y judicial contra personas LGTBIQ+, particularmente contra hombres homosexuales y personas trans, en el distrito centro de Madrid, usando la droga como excusa”.
A Ernesto le juzgaron en marzo de este año en la Audiencia Provincial. “Los policías dijeron de todo. A veces no encajaban sus declaraciones”, recuerda. El fallo fue absolutorio. “La acusación era insostenible. A mí me registraron de forma vejatoria y me detuvieron por estar en la puerta de una discoteca. Me he gastado unos 10.000 euros en todo el proceso. Por suerte, los tenía. ¿Y si no?”, se pregunta, “además, está todo el daño emocional”. Desde esa fatídica noche en la cola del Strong, a Ernesto la Policía Nacional le ha parado otras “cuatro o cinco veces” cuando caminaba por el centro de Madrid: “Hay veces que al vestirme pienso en no ponerme mucha pinta de marica. Y si veo a la policía, tiemblo. Están consiguiendo les tengamos un pánico horrible”.
Pablo Léon
Periodista de EL PAÍS desde 2009. Corresponsal LGTBIQ+ y coordinador de la newsletter semanal 'Queerletter'. Ha pasado por las secciones de Internacional, Madrid, Reportajes, El País Semanal, o El Viajero. Es licenciado en Ciencias Ambientales y Máster de Periodismo UAM-EL PAÍS
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